La provincia de Buenos Aires reglamentó la carga fiscal que alcanza a los propietarios de más de un inmueble del mismo tipo radicados en el territorio provincial.
El adicional alcanza a unos 90.000 contribuyentes que en conjunto poseen 450.000 partidas. En materia de recaudación, este «extra» representará al gobierno de Daniel Scioli más de $400 millones.
De esta forma, a través de la flamante resolución 77/2014 se deja en claro que el tributo a los multipropietarios alcanza a aquellos contribuyentes que tengan más de una propiedad urbana del «mismo tipo de planta», más de un campo, más de una casa o más de un terreno considerado baldío.
Es decir que, la posesión únicamente de una vivienda y de un campo, por ejemplo, no está alcanzada por el adicional, mientras que el dueño de dos viviendas y un terreno baldío paga el plus en el Inmobiliario únicamente por las dos primeras.
El monto del adicional que pagará cada contribuyente con propiedades múltiples surgirá de la resta entre lo que cancelaría en concepto del Inmobiliario Urbano (o del Inmobiliario Rural, o Baldío) al sumar las valuaciones fiscales de sus, al menos, dos propiedades -aplicando una mayor alícuota en función del total de ese monto- y lo que paga en la actualidad por esas propiedades ya que a cada una -de manera individual- se le aplica una alícuota menor.
Esta imposición, no alcanza a todo el universo de propietarios con más de una propiedad de la misma planta cuando la diferencia a cobrar como resultado del cálculo sea menor a los 400 pesos.
Desde ARBA se indicó que «la idea subyacente de este desdoblamiento del impuesto en dos definiciones de hecho imponible que se corresponden con un inmobiliario básico liquidado por inmueble, y uno complementario por cada conjunto de ellos que posea un mismo contribuyente, es potenciar la progresividad del tributo acumulando para ello las bases imponibles, de modo que se abone en esos casos a una mayor alícuota».
El gravamen se abona en una sola cuota con vencimiento en febrero para aquellos casos en que la diferencia se ubique entre $400 y $800 y en tres cuotas para aquellos que superen ese monto que vencerán en febrero, mayo y julio.
Pelea por el Inmobiliario Rural
El cobro de este adicional se suma a la decisión de adelantar el pago del Impuesto Inmobiliario Rural de manera tal que, prácticamente, debe estar cancelado antes de fines de julio próximo.
Desde el sector agrario consideran que esta decisión es una medida meramente recaudatoria.
El calendario histórico de vencimientos establecía el pago de las cuotas en marzo, julio y noviembre. Según el nuevo plan, deberán ser abonadas en febrero, mayo y julio.
Según el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Horacio Salaverri, «el cambio en el calendario histórico de pagos nos causa sorpresa y nos preocupa por la presión que supone en el primer semestre del año».
El dirigente señaló que «el productor, con un cronograma previsible, debe saber los vencimientos con anterioridad para programar la venta» con la cual hará frente a la obligación impositiva que para una Pyme agropecuaria de 300 hectáreas significa un total de 60.000 pesos.
«Antes era en tres trimestres y ahora en un plazo de un semestre hay que pagar la totalidad del impuesto», confirmó.
«No se puede especular por las razones de esta medida, pero lo cierto es que es posible que un gobernador que se va quiere asegurar la recaudación en el primer semestre, no entendemos por qué se hace, además no hemos sido notificados, cuando hicimos las tratativas el año pasado nunca se dijo que iba a ver una modificación al cronograma de pagos», aclaró Salaverri.
Voz oficial
«Lo que hicimos fue correr el último vencimiento, y ubicarlo en el calendario en un momento en que el productor cuenta con recursos disponibles, para facilitarle el cumplimiento impositivo», justificó el cambio el director de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires.
De todas formas, ante la queja de las entidades rurales, Budassi sostuvo que «le encontraremos una solución política al tema, vamos a conversar con el sector y avanzaremos con una decisión que sea conveniente para todos».
En esa línea, subrayó que «somos optimistas de que llegaremos a un acuerdo, formamos parte de un gobierno que privilegia el diálogo y busca el consenso, y actuaremos con ese compromiso, tal como lo hicimos siempre».
Por otra parte, el titular de ARBA negó que el adelantamiento de vencimientos tenga algún trasfondo electoral, ya que, según aclaró, «de todo lo que se recauda en concepto del Impuesto Inmobiliario Rural, el 35% va directamente a los municipios y el otro 65% está afectado exclusivamente a obras viales e hidráulicas. Los fondos están asignados a esos fines, no es que la Provincia pueda destinarlos a lo que quiera».
Budassi enfatizó que «se trata de una cuestión meramente técnica, que tuvo que ver con una reestructuración total del calendario fiscal para optimizar la administración tributaria».
Fuente: www.iprofesional.com